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12 de Junio de 2012 - Tucumán

Tucumán-Hace falta una ley de coparticipación federal

Desde la restauración de la democracia en 1983 los actores políticos argentinos tienen una gran cuenta pendiente con la construcción de instituciones y valores que pongan a salvo la transparencia fiscal y la asignación y distribución de los recursos financieros del Estado.

Esa falta de compromiso y de responsabilidad para impulsar la implementación de una ley de coparticipación federal de impuestos ha generado atraso en el reconocimiento de derechos y obligaciones de las provincias y arbitrariedad en la distribución de fondos por parte del gobierno central. La coparticipación federal de impuestos entre la Nación y las provincias se estableció en 1936, tras las luchas entre unitarios y federales por la apropiación de la renta de la aduana de Buenos Aires -principalmente- durante gran parte del siglo XIX. Este régimen fue sometido a revisión en distintos momentos, hasta que en 1973 se unifican los sistemas vigentes y se establece un método basado en el principio de igualdad de todos los habitantes. Es la ley 20.221. En los años de la dictadura la participación de las provincias en la distribución de fondos bajó hasta un 32%. En los primeros tiempos del advenimiento de la democracia, los instrumentos se aplicaron sólo de forma transitoria. Aunque sería justo decir que la Ley 23.548 de 1988 establecía que del total de recursos recaudados el 42,34% sería retenido por Nación y el 57,66% iría a las provincias.
Es en la constitución de 1994 cuando se establece el mandato que está pendiente de cumplimiento, con lo que deja el arbitrio de las decisiones al Poder Ejecutivo. La Carta Magna dice en el artículo 75 que le corresponde al Congreso asegurar a las provincias la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados y que la distribución debe ser equitativa y solidaria para conseguir un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida y oportunidades. Las urgencias que impuso la crisis de 2001-2002 y la recuperación económica no supusieron una ocasión para resolver el tema pendiente; mas bien pareció allanar el camino para una mayor concentración de las decisiones del gobierno central. Así, a estos días, el oficialismo que gobierna el país no se mostró interesado en resolver una situación anómala, en una postergación que profundizó diferencias y agudizó criterios de selectividad en el reparto. Y los parches creados -el fondo de la soja- sirvieron para poner en evidencia el manejo centralizador y discrecional. Provincias y gobernantes que se vieron favorecidos y distritos a los que les toca muy poco, es la pauta uniformadora. El Estado nacional es el que mantiene la tajada más grande de la torta que debiera ser gestionada con ecuanimidad y transparencia. A su vez, las provincias con sus municipios reaccionaron de igual manera, concentrando el manejo del dinero público, retaceando los envios, imponiendo criterios muy poco federales o marcando sus necesidades antes que las aspiraciones comunales.
Tucumán percibe alrededor de un 4.5% del total de las transferencias de los fondos, pero es conocida la queja del Gobierno en razón de que sus estimaciones -en base a datos demográficos y socioecnómicos- suman una cota más alta. Otro tanto ocurre con el noroeste. Lo extraño es que los legisladores nacionales de nuestras provincias no hayan reaccionado para impulsar una propuesta que ponga límites al poder central y avance hacia una legislación superadora que haga cumplir la pauta constitucional, resuelva un atraso que daña el desarrollo y ponga fin al quiebre de una de las principales instituciones republicanas.

Fuente: La Gaceta

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