Martes 22 de Octubre de 2019
2 de Setiembre de 2013 - Coparticipación

T. del Fuego-"Han tomado la decisión de ahogar a los municipios", afirmó Arc

El legislador Juan Carlos Arcando aseguró que la Nación gira a diario la coparticipación a la provincia y no hay motivo para que no hagan lo mismo con los municipios. Para el legislador hay una "decisión tomada" de ahogarlos financieramente. Además consideró que configura un "delito" la deuda de 42 millones con la ciudad de Río Grande, que admitió ayer el Ministro de Economía.

Río Grande.- Ayer el gobierno, a través de los funcionarios Lisandro Fonradona –secretario de coordinación de gabinete- y Osvaldo Monti –ministro de economía- admitió que hay una deuda de 42 millones con la Municipalidad de Río Grande por coparticipación atrasada, y que aplican como “herramienta de administración” lo que “vulgarmente se llama bicicleta”, es decir, no pagar en tiempo y forma.
Para el legislador del FPV Juan Carlos Arcando, esta deuda configura un delito, sea el monto que sea y, de hecho, si bien no llega a los cien millones que reclama Melella, supera en más del diez por ciento el monto por el cual se lo destituyó a Jorge Colazo, por retención indebida.
“Primero decían que no había deuda, y terminan reconociendo que hay, y que son 42 millones de pesos. Sean diez pesos, veinte pesos, hay deuda y en este caso son 42 millones que podrían usar el Municipio para mejorar la calidad de vida de lo habitantes”, dijo Arcando anoche a Radio Universidad.
Subrayó que “el gobierno nacional a través de la coparticipación todos los días está girando fondos nacionales” y se preguntó “por qué la provincia no gira, con la misma posibilidad de hacerlo, a los municipios”.
La respuesta la dio él mismo, y a su criterio “no giran porque han tomado la decisión de ahogar a los municipios, de no remitirles los fondos”.
“Eso es delito, a mi criterio, y por eso los intendentes estuvieron hablando estos días y ya un concejal presentó una denuncia”, recordó en referencia a la presentación del concejal Guillén por la urbanización de una zona contaminada, que también es motivo de preocupación porque no hay señales de remedio ambiental.
“Estamos muy preocupados por todo lo que está pasando a nivel económico. Desde el inicio de nuestra gestión hemos hablado de la situación económica y que en cualquier momento hacía eclosión, pero tomaron la decisión política de empezar a meterle la mano a los municipios y quedarse con coparticipación que les corresponde, como también al Poder Judicial y al Legislativo, que tienen su presupuesto y no lo están remitiendo en tiempo y forma. Están solventando los gastos del Estado con los fondos de otros”, sentenció el kirchnerista.
 
Presupuesto 2014 en problemas
Frente a este cuadro de situación, con deudas, retrasos y sin contención del gasto, se torna complicado pensar en la discusión de un Presupuesto 2014, que igualmente deberá encarar la Legislatura en el corto plazo. Para Arcando “corresponde a la gestión de gobierno preparar un plan para poder salir de la crisis económica que está viviendo, obviamente va a necesitar dinero fresco para eso, y en la última gestión aprobamos la posibilidad de pedir una asistencia financiera de 120 millones con la garantía de coparticipación, no como planteó el proyecto el Ejecutivo, de usar los fondos que tiene depositados el IPAUSS, porque después no pagan y se ejecuta la garantía, que es lo que tiene ahorrados los jubilados en el Banco Nación”, apuntó.
“En el presupuesto de este año tenían aprobado un empréstito, y ellos tendrán que garantizar que van a pagar en tiempo y forma”, dijo como alternativas para equilibrar las cuentas.
 
Comisión en funciones
Respecto del pedido de juicio político que presentó el Dr. Alejandro de la Riva por retención indebida de fondos a las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande, Arcando expresó que no puede dar opinión porque integra la Sala Juzgadora, pero informó que el miércoles se reunió la Sala Acusadora y se conformó la comisión investigadora para evaluar la denuncia. 
La preside la radical Liliana Martínez Allende, y se completa con el legislador del PSP Fabio Marinello y Eduardo Barrientos por el PJ. 
Junto con ellos integran la Sala Acusadora el legislador Adrián Liendo, sus compañeros de bancada Myriam Martínez y Héctor Tapia, y el mopofista Jorge Lechman. “Los ocho restantes estamos en la Sala Juzgadora”, señaló sin poder aportar más detalles en función de las limitaciones que establece el proceso.
 
Gastos operativos
El legislador se había pronunciado a favor del proyecto radical vinculado con los gastos operativos que cobra el gobierno a los municipios por girar la coparticipación, “para que quede claro cómo se deben calcular”, dijo a Radio Nacional Ushuaia.
Reclamó que el proyecto que surja de la Legislatura debe tener “el espíritu de las charlas que se vienen teniendo. Fundamentalmente calcular el porcentaje sobre lo que efectivamente se gira a los municipios y no sobre el total que recauda y recibe la provincia por transferencias de Nación”.
Ante la observación de que nuevamente la Legislatura debe terciar frente a acuerdos políticos que no se cumplen, concedió que en esta gestión de gobierno “todo está terminando en la Legislatura. Por la falta de cumplimiento de los distintos acuerdos, termina la Legislatura terciando a través de los distintos proyectos de ley que se presentan y se terminan sancionando. No puede ser que las cosas que se deben resolver a través del diálogo no se resuelvan, o las vayan pateando para adelante, incumpliendo. Coincido en que esto se tendría que haber solucionado”, manifestó.
Consultado acerca de si esto es incapacidad de diálogo o alguna de las partes tiene intencionalidad política de transferir los problemas a Legislatura, se inclinó por la segunda opción. “No sé si lo hacen adrede o no, pero pareciera que cualquier cuestión la tiene que resolver la Legislatura. Lo que más me molesta es que, si hay charlas, si hay acuerdos a través de convenios que se han hecho, no se les den cumplimiento. Esto es lo que molesta. Después termina repercutiendo en el órgano que tiene que estar sancionando normas, que se pudieron solucionar a través de los mecanismos de los que hablamos. No tendría que ser de esta manera”, expresó.
Para Arcando deliberadamente se incumple, porque no hay plata ni decisión de tomar medidas correctivas. “Me paree que hay una situación crítica del punto de vista económico en la provincia, que hace que tomen la decisión de no cumplir nada de lo que acuerdan. Van pateando la situación hacia delante, hasta que los municipios empiezan a hacer los reclamos pertinentes, que terminan en nuestro seno”, sostuvo.
 
Goteo presentado
Aunque el FPV no formó parte del acuerdo de la 648, presentó y defiende la ley de goteo que, tras el compromiso asumido por el resto, no se quiere debatir.
“Por eso muchas veces en los acuerdos no participamos, principalmente en la 648 no participamos porque veíamos que no había intención ni voluntad política de cumplir”, aseguró.
“Si uno se sienta en esa mesa y luego no se cumple, queda en una situación muy comprometida”, dijo en claro mensaje a sus pares.
“No puede ser de esta manera, si hay un acuerdo las partes deben respetarlo y llevar las normas pertinentes, y si la Legislatura se compromete a analizar las posturas que se acuerdan, debe hacerlas cumplir a rajatabla”, manifestó.
Mencionó que su compañera de bloque Myriam Martínez “presentó un proyecto de goteo, más allá de que no participamos en los acuerdos de la 648. Sabemos que la situación para los municipios se pone cada vez más crítica. Y no podemos concebir que, si el gobierno nacional todos los días envía la coparticipación y regalías que corresponde, por qué no pasa lo mismo del Ejecutivo municipal a los municipios. Planteamos la posibilidad pero no hubo voluntad legislativa de tratarla”, lamentó. 
Finalmente dijo que no comparte el criterio de la radical Martínez Allende, respecto de que, con ley de goteo, la provincia “explota” porque no podrán pagar sueldos: “Yo no puedo coincidir porque primero debo conocer perfectamente cuánto es lo que ingresa al gobierno para tener una visión más clara. El gobierno recibe los fondos en tiempo y forma y debiera transferirlos de la misma forma a los municipios. Es muy clara nuestra Constitución al respecto, cuando habla de los fondos que le corresponden a cada uno. No tenemos los números concretos de lo que está recibiendo la provincia, pero nadie se puede quedar con plata que le corresponde a los demás. Acá no se quiere implementar como corresponde, y tampoco pagan todo a fin de mes”, concluyó, en función de una deuda que sigue creciendo. 
 
Fuente: Provincia 23

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